Según
el presidente de EEUU, tienen un "poder sin chequeo para censurar,
restringir, esconder y alterar cualquier forma de comunicación".
Como había anticipado en Twitter,
Donald Trump firmó una orden ejecutiva
-un decreto- para que las redes sociales se hagan responsables de la
publicación de los contenidos. El mandatario además instruyó al fiscal
general
William Barr para que trabaje con los estados para hacer cumplir
las leyes contra lo que describió como
prácticas comerciales engañosas de tecnológicas como
Twitter o Facebook.
En diálogo con periodistas en la Casa Blanca, explicó que el decreto contra las compañías
eliminaría el blindaje de responsabilidad
que tienen actualmente y las censuró por su presunta parcialidad
editorial. La orden ejecutiva impugna las protecciones de
responsabilidad que sirvieron como base para los discursos sin
limitaciones a través de Internet.
"Estamos hartos'', dijo Trump, que también aseguró que el decreto defiende la libertad de expresión.
Esto sucede poco después de que Twitter colocara advertencias de contenido, por considerarlos engañosos, a dos de sus tuits.
Algunos
analistas creen que la movida de Trump es una táctica política y no
cambiará las obligaciones legales de compañías como Twitter y Facebook.
Un borrador del decreto, al que tuvo acceso Reuters, le
ordena a las agencias federales que aclaren el alcance de una ley
conocida como Sección 230, que protege a las compañías de Internet de la
responsabilidad por el contenido ilegal publicado por los usuarios y
les permite eliminar los mensajes legales pero inaceptables.
Juristas
dijeron que no está claro si la Comisión Federal de Comunicaciones
aceptaría la opinión de Trump sobre el artículo 230 establecido en el
proyecto de decreto. Incluso si lo hace, las regulaciones de la agencia
no tendrán ningún efecto legal vinculante para los jueces, que son los
que realmente tienen algo que decir sobre la ley.
La sección 230
contiene una disposición que permite a las plataformas en línea como
Twitter y Facebook retirar o restringir el acceso al material que
determinen "de buena fe" que sea lascivo, excesivamente violento,
acosador o de alguna otra manera censurable.
El decreto ordena al Departamento de Comercio que pida a la Comisión Federal de Comunicaciones que aclare la ley.
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