Las fundiciones utilizan en su proceso industrial, hasta un 80% de estos desperdicios como materia prima esencial. Además, estos materiales básicamente de acero, bronces, aluminio, etc., contienen una gran cantidad de energía intrínseca utilizada para la fabricación de bienes fundidos y que el país, de ahora en más, preservará por medio de esta normativa.
Asimismo, en la medida que las chatarras se exportaban, su precio en el mercado interno para uso industrial se incrementaba exponencialmente. También el costo social comenzó a ser alto, ya que aumentaban de su mano los delitos por robo de alcantarillas, bancos públicos, cables, estatuas, placas, etc.
La batalla de los fundidores, finalmente, llegó a buen puerto con la confirmación de la presente medida oficial que ya comienza a considerarse toda una política de estado, es decir, el Gobierno Nacional privilegia la producción local, garantizando el necesario abastecimiento industrial bajo un costo adecuado.
“Esta medida del Gobierno es vital para la industria nacional de fundición. Hemos logrado revertir exportaciones a precio vil de un material que contiene tanto valor agregado y de alta necesidad para la industria del país”, dijo Daniel Ferreyra, presidente de CIFRA. “Nuestra industria es una gran generadora de empleo y es por ello que todos los países cuidan a este sector”.

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