SINTESIS DEL DISCURSO DE CARLOS DE LA VEGA

En el marco la Jornada Nacional para Pymes: “Claves para planificar el 2011” organizada por la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que tuvo lugar ayer en Buenos Aires, Carlos de la Vega, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio expuso el siguiente discurso.

Desde la Cámara Argentina de Comercio no nos cansamos de decir que algunos todavía creen que generar valor económico, crear riqueza y trabajo, solo se logra con la producción de bienes físicos. Sobre la base de este falso concepto, se discrimina a las actividades del comercio y los servicios y esto tiene como consecuencia, por ejemplo, que se apliquen al sector mayores tasas impositivas, en ingresos brutos, en publicidad, sellos, abasto, etc.
Otra consecuencia de la aplicación de ese criterio es que las leyes nacionales sobre promoción de inversiones discriminan y no contemplan líneas de crédito a las empresas que desarrollan estas actividades. Tampoco se las reconoce en los proyectos de ley sobre entidades financieras actualmente a consideración del congreso.

Hoy todavía muchos ignoran que este conjunto de actividades son responsables del 68% del PBI. El sector servicios emplea en argentina a 3.770.336 trabajadores registrados y el comercio tiene 1.039.468 empleados registrados en blanco.
Sobre la base de las cifras podemos resumir que la actividad a la que pertenecemos es la principal generadora del PBI, principal empleadora, con gran participación de pymes, y en muchos casos es el principal contribuyente, circunstancias que debemos analizar cuidadosamente y tener en cuenta para evaluar la importancia que ésta tiene, tanto en lo fiscal, lo social, lo económico y principalmente lo político, para hacer valer plenamente nuestros derechos en el campo que corresponda.

Debemos tener bien claro que no existen en la nación y en general, tampoco en las provincias y municipios, planes estratégicos de mediano y largo plazo orientados a fortalecer y desarrollar al sector.
Es por ello que no podemos como empresarios desentendernos de la política y del rumbo de la macroeconomía y mucho menos limitarnos sólo a la política sectorial.
Por otra parte, es cada vez más frecuente la lucha entre gremios que disputan el encuadramiento sindical de los trabajadores. Cuando esto sucede, se recurre al bloqueo de los accesos a las empresas impidiendo su funcionamiento. Un conflicto que debería dirimirse pacíficamente en el ministerio de trabajo, internamente en la CGT o en la justicia utiliza como campo de batalla a las empresas.

Parece que en estos casos también se pone en práctica el concepto poco democrático del manejo de la calle para dirimir conflictos o imponer supremacías, que logra por la fuerza lo que la ley y la justicia no otorgan. También son cada día más frecuentes las amenazas, paros, movilizaciones y demostraciones de poder, en oportunidad de la negociación de los convenios de salarios y nuevamente las empresas son el campo de batalla.

No podemos dejar de mencionar que en los últimos tiempos, varias de las movilizaciones gremiales contra empresas del comercio y los servicios parecen contener también mensajes para las internas políticas o las luchas por espacios en el poder.
Otro frente que se presenta preocupante se da en el Congreso de la Nación, en las Comisiones de Legislación del Trabajo de ambas cámaras.

En 2009 y 2010, se han presentado en la cámara de diputados 412 proyectos para modificar la legislación laboral y 188 en el senado. Pensar que los legisladores y en no pocos círculos políticos nos hablan continuamente de la estabilidad de las reglas de juego.
Entre otras cosas los proyectos proponen la creación de nuevas obligaciones para las empresas, que provocarán aumentos de costos laborales y administrativos, que afectaran la productividad, concepto que hoy resulta imprescindible revalorizar para sumar al objetivo de una economía que debe seguir creciendo, el concepto de que debemos hacerlo no a cualquier costo, sino de manera competitiva y eficiente.

Se propone establecer nuevos tipos de licencias, amplían la lista de enfermedades inculpables, aumentan las contribuciones patronales, las asignaciones familiares, las indemnizaciones, modifican las normas de conciliación obligatoria, etc., etc.
La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados aprobó recientemente un dictamen que establece normas más rígidas sobre la tercerización de tareas. La nueva norma se aplicaría no solo a rubros como limpieza o vigilancia, sino a todo lo que signifique una fragmentación del proceso productivo, como la provisión de partes, piezas, embalajes, etc. También habrá que responder por las deudas de las contratadas, con sus trabajadores.
Otro proyecto que tiene media sanción, establece el pago de 100 % adicional por el trabajo realizado después de las 13 horas del sábado y el domingo.

Los legisladores imaginaron que aumentaban los salarios que pagan las grandes superficies y cadenas comerciales, ignorando que éstas ya pagan el 100% adicional los domingos y que están perjudicando con la propuesta -entre otras- a actividades como el turismo, la hotelería, gastronomía, espectáculos, a las miles de pymes que constituyen el grueso de estas ramas productivas y a la actividad de ciudades enteras que se benefician con el trabajo que genera el turismo especialmente los fines de semana.
Por último, con relación al proyecto sobre distribución de Ganancias de todas las empresas, no es cierto que el monto vaya a ser del 10%. El reparto se hace, según lo establece el proyecto, sobre el resultado del balance, antes de pagar impuestos, por lo que la cifra real resulta el 15,3% de las utilidades.

Quiero citar dos párrafos del artículo 18 del proyecto, que muestran claramente el objetivo de imponer como primer paso la intromisión gremial en la administración de las empresas:“la asociación sindical podrá fiscalizar la información proporcionada por la empresa –con relación a los resultados- y requerir la totalidad de la información complementaria y respaldatoria –del balance- que considere necesaria para cumplir con su cometido. La empresa deberá facilitar el acceso a la información y documentación requerida, no pudiendo negarse ni obstaculizar las facultades de control”.

Al comienzo, mencioné cómo algunos gremios bloquean las empresas por afuera, ahora quieren hacerlo también desde adentro. Pero lo peor es que no conocemos si esta escalada de propuestas tiene límites y cuales son sus propósitos finales. La firme decisión del G7, integrado por las Entidades más importantes, ha logrado al menos postergar su consideración para un mejor momento.

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